La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que el próximo martes 22 de julio, en horas de la tarde, presentará ante la Asamblea Nacional una propuesta de Ley de Extinción de la Acción Penal para los casos del Régimen Procesal Penal Transitorio, una vez que le fue aprobado el derecho de palabra solicitado ante el máximo ente legislativo.
La máxima representante del Ministerio Público, a través del programa "En Sintonía con el Ministerio Público", transmitido por Radio Nacional de Venezuela, manifestó que con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), se estableció en su articulado una etapa de transición para resolver las causas pendientes correspondientes al Código de Enjuiciamiento Criminal.
"No había una cifra precisa de cuántas causas estaban bajo este régimen, se trata de 17 a 20 millones de expedientes. A esta fecha, después de 10 años del COPP, se han resuelto 10 millones de casos", señaló.
Enfatizó que desde que asumió la Fiscalía General se abocó a trabajar con su tren directivo sobre este importante tema. Al respecto, expresó que muchas de esas causas han prescrito porque fueron presentadas hace 30 años.
Sostuvo que esas causas en transición, atendidas por un grupo de fiscales designados, mantienen colapsado el sistema de justicia, porque en vez de ocuparse de los hechos punibles que tienen impacto social y que han ocurrido bajo la vigencia del COPP, tienen que resolver este tipo de causas para dar una respuesta inmediata.
Explicó que la propuesta que presentará ante la Asamblea Nacional excluye aquellos casos de violaciones grave de los derechos humanos, atentados contra el patrimonio público, tráfico de estupefacientes y legitimación de capitales y también aquellas causas penales en las cuales, para la fecha de entrada de vigencia de la Ley propuesta, ya se hubiese presentado acusación o solicitado la medida preventiva de libertad.
En este sentido, agregó que a los demás casos se le debe declarar la extinción de la acción penal y, a su vez, en la propuesta, solicita que se proceda a la incineración de esos expedientes.
Explicó que luego de la promulgación de esta Ley y su publicación en Gaceta Oficial, se procederá a conformar una comisión técnica integrada por el Fiscal Superior de la zona, el Presidente del Circuito Judicial y la máxima autoridad policial, designada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia para que en un lapso perentorio, pudiera ser de 15 días, remitan las causas del Régimen Procesal Transitorio. "El procedimiento es recabar los expedientes e incinerarlos", agregó.
Fiscalías municipales no conocerán casos de flagrancia
Por otra parte, la máxima representante del Ministerio Público señaló que ha sido otro éxito la inauguración de la Primera Fiscalía Municipal, ubicada en la estación El Silencio del Metro de Caracas. Hecho que ha marcado historia en nuestro país, con el propósito de descongestionar las causas que cursan en el Ministerio Público.
Explicó que las fiscalías municipales ejercerán la titularidad de la acción penal en aquellos casos cuya pena en su límite máximo no exceda de tres años, lo cual le permite a los fiscales aplicar el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. "A las personas sin antecedentes penales que hayan admitido el hecho punible, el juez de Control le puede imponer una pena que implique realizar un trabajo social".
Manifestó que las fiscalías municipales no conocerán los casos de flagrancia, sólo procesarán las denuncias que se presenten en la Fiscalía perteneciente a la circunscripción donde se halla cometido el hecho punible.
Ortega Díaz mencionó que las fiscalías municipales que conozcan de casos como el consumo de drogas, crearán políticas para orientar a los ciudadanos, a fin de masificar el deporte, la cultura, música, educación y lograr talleres para inducir a la ciudadanía a que se prepare y así contrarrestar el consumo de drogas en esa comunidad.
Finalmente, aclaró que aquellas causas en las que la pena exceda los tres años, el fiscal municipal deberá remitirlas al Fiscal Superior del estado respectivo para que éste realice la distribución de la causa en el despacho fiscal respectivo.
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