Por el caso de las notas promisorias de Bandagro (NP) se encuentra abierta una investigación penal en el Tribunal Cuarto de Control, sobre las actuaciones del James Paolo Pavanelli, quien fuera sentenciado en Turín, Italia, por estafa relacionada con los pagarés de Bandagro. En la investigación se incluyen también a varios venezolanos considerados como intermediarios en la gestión para lograr el cobro de esos títulos ante la República, por más de mil millones de dólares, documentos que han sido considerados "ilegítimos" por parte de las autoridades venezolanas.

A raíz de este proceso, no se descarta que resulten implicados algunos altos funcionarios o ex funcionarios que habrían actuado en complicidad con los tenedores de notas promisorias consideradas falsas por la República.

Como habíamos señalado, dos informes de 2003, uno del Ministerio de Finanzas y otro de la Procuraduría ratificando la validez de las notas promisorias, abrieron el camino a varias demandas que cursan en el exterior en contra de la República. Los juicios en Washington por 20 millones de dólares, en Ohio por 100 millones de dólares y en Suiza por 1.075 millones de dólares, se prepararon sobre la base de esos dictámenes favorables al pago. Las demandas siguieron adelante a pesar de que en agosto de 2003, Finanzas revoca el aval de legitimidad que le diera a los pagarés en un primer informe y lo mismo hace Marisol Plaza en la Procuraduría. Los juicios en Ohio y en Suiza se inician con dos días de diferencia, el 28 y 30 de agosto de 2004.

Cabe destacar que las opiniones emitidas por esos organismos eran documentos internos y las decisiones no fueron comunicadas oficialmente a los abogados de las empresas tenedoras de bonos que gestionaban el pago ante el Gobierno. Pero ambos documentos fueron "filtrados" desde estos organismos a esas empresas y en la actualidad forman parte sustancial de las demandas que cursan en contra del país.

De hecho, por no haber sido informado oficialmente el resultado de ambos dictámenes, tres representantes de tenedores de bonos presentaron un amparo contra el ministro Tobías Nóbrega el 15 de agosto de 2003, expediente número 003208. ¿Quién filtró los informes? ¿Cómo llegaron a manos de los demandantes? Se comenta que ese "favor" lo hizo un ex parlamentario de la AN.

Como consecuencia de esas demandas, Marisol Plaza contrató a la abogada Esther Bigott de Loaiza para que encabezara un equipo de investigación y representara al país tanto internamente como en el exterior para ocuparse del caso de las notas promisorias de Bandagro. Bigott, a su vez, contrató bufetes en Miami, Washington y Suiza para atender las demandas internacionales. Entre gastos internacionales para promover pruebas, investigación, pago de expertos y bufetes en el exterior, el escritorio de la abogada cobró 20 millones de dólares de los cuales recibió 13 millones. En su equipo de 15 especialistas, trabajaron Carmen Vargas, Marta Gomis Amendiola y el detective Pablo Pernía. El subcomisario del Cicpc, José Lisandro Alfonso realizó las experticias sobre NP en el exterior, las cuales determinó que eran falsas, así como las firmas de los ex funcionarios de Bandagro.

El proceso investigativo duró más de dos años hasta que la nueva Procuradora General, Gladys Gutiérrez Alvarado, decidió, el 26 de diciembre de 2006, revocar el contrato con Bigott y con los distintos bufetes contratados en el exterior.

El abogado Luis Alcalde, representante de la empresa demandante en Ohio, Skye Venture, en conversación telefónica desde EEUU, señaló a El Universal que su representada desconocía el tema de las notas promisorias de Bandagro hasta que se produjo el dictamen de Marisol Plaza del 3 del octubre de 2003 en el que establece la legitimidad de las NP, de la serie ICCC-290 y ICC-322.

"Nos involucramos por la opinión de que eran válidas" dijo Alcalde, quien agregó que es a partir de allí cuando se pusieron a estudiar el aspecto jurídico que rodea a estos pagarés.

Explicó que luego de conocer ese dictamen favorable, en el 2004 compraron dos notas con valor de 100 millones de dólares al grupo Triad, de James Paolo Pavanelli, y cuyo representante legal en Venezuela es José Tovar Jiménez.

Alcalde sostiene que recibió el dictamen "legalmente" de parte de la Procuraduría, más no el segundo informe que revocaba la opinión anterior. El segundo informe lo conocieron en el año 2005 cuando el documento se presentó en tribunales por parte de los abogados de la defensa.

Alcalde estuvo en Venezuela poco después de la compra de los pagarés y consultó con expertos venezolanos los cuales concluyeron que la opinión emitida por la Procuraduría era vinculante al pago de las NP.

De allí que Skye procediera a enviar comunicaciones al Ministerio de Finanzas, pero dado que no hubo respuesta demandaron en Ohio.

En el juicio que está en curso, el tribunal debe decidir si el dictamen de la Procuraduría es vinculante o no. De ser vinculante, considera el abogado, es casi seguro que habrá jurisdicción para seguir el juicio en Estados Unidos, es decir sobre Venezuela. En ese caso, las NP deberán ser pagadas por Venezuela.

José Tovar Jiménez, representante comercial de Triad FFC, del grupo Pavanelli, asegura que la empresa adquirió las NP ICC 290 e ICC 322, por medio de una operación de compraventa en el mercado secundario, a través de Barclay's Bank de Londres, en julio de 1987, seis años después de haberse emitido y firmado las mismas por los funcionarios públicos de Bandagro para ese entonces: los ciudadanos Waldemar Cordero Vale, Elbano Fontana Nieves y Pascual Puigbó Morales. "Durante seis años nunca hubo un alerta de las autoridades venezolanas sobre la falsedad de las notas promisorias", asegura Tovar.

Aclara que la situación civil de James Paolo Pavanelli es muy desafortunada, gracias a la irresponsabilidad de las autoridades venezolanas al emitir remitidos no vinculantes a las notas promisorias de su representada. Explica que Pavanelli adquirió deudas contra una nota promisoria, no pudo pagar y su garantía (la nota promisoria) la declaró falsa el Ministerio de Hacienda por medio de remitidos, los cuales versaban sobre otras notas promisorias diferentes.

Precisa Tovar que, en efecto, el 3 de junio de 2003, Pavanelli es sentenciado por la corte de primera instancia de Turín. Sin embargo, el 08 de agosto del mismo año (dos meses después) se produce el informe del Ministerio de Finanzas y el 3 de octubre el de la Procuraduría, en el que se declara la procedencia del pago de los pagarés. A su juicio, ello era suficiente evidencia para dejar libre a Pavanelli, sin embargo: "desacatando y violando la ley, el Ministerio de Finanzas publica el 3 de octubre del mismo año, otro remitido, diciendo que las notas promisorias son falsas ¿Cuáles? Las que no son de mi representada. Como podrá observar, no sólo la duda de la autenticidad de las notas promisorias promovió la quiebra de las empresas de Pavanelli, sino que los remitidos de Finanzas, no vinculantes, contradiciendo la opinión vinculante de la Procuraduría General de la República promovieron la decisión en contra de Pavanelli en la Corte de Roma".

Señala Tovar que la Procuraduría en su segunda opinión presenta un "elemento sobrevenido no existente" en la elaboración de la primera opinión. Este elemento es el dictamen pericial 9700-T-030-2719, emitido por la Policía Científica (Cicpc), elaborado en el Banco Alliance de Ginebra, Suiza, el 05 de octubre de 1998. Allí se declaran falsas y anulan con sellos 44 notas promisorias pertenecientes a un ciudadano estadounidense llamado Warren Haueth". Según Tovar, esas 44 notas nada tienen que ver con las que posee Triad.

Resalta que "la ex Procuradora Marisol Plaza declaró, el 1 de julio de 2004, en el periódico TalCual, que su primera opinión estaba dentro del marco de la ley y por lo tanto era procedente el pago (...) ésta declaración jurada está autenticada en la Notaría Pública Trigésima Segunda de Municipio Libertador el 01 de junio de 2005. Esto demuestra fraude procesal cometido por los abogados venezolanos, irresponsables y negligentes en su deber de cuidar por el patrimonio público, sólo para dilatar el proceso y cobrar más a la Nación. Esto demuestra que la segunda opinión está totalmente viciada, por lo tanto, nula. Entonces, la primera opinión queda firme, por ende, el Estado debe pagar".

Asegura que han solicitado a la PGR realizar una inspección ocular de sus NP en Suiza, para determinar que las notas declaradas falsas no son las mismas que las de Triad.

folivares@eluniversal.com