IMPUNIDAD. Fachada del Consistorio marbellí, sede de la corrupción institucionalizada./avidday / flickr.com

Con cuentagotas, el blindaje de funcionarios corruptos y la dejación de funciones que hizo posible el enriquecimiento de políticos y empresarios marbellíes comienza a salir a la luz conforme avanza la investigación judicial. A estos descubrimientos, sin embargo, poco han ayudado los medios de comunicación. A pesar de ser vox populi, la corrupción institucionalizada que se vivía en el consistorio malagueña no saltó con nombres y apellidos a las páginas de los periódicos hasta que se realizaron las primeras detenciones. Desde entonces, la tónica informativa ha seguido siendo la misma. Salvo excepciones, las noticias sobre el caso Malaya se han mantenido por detrás de los datos hechos públicos por el juez Torres.

El caso de J.A.G. ha sido el último ejemplo en esta línea. DIAGONAL publicó la coincidencia entre estas siglas y el nombre del jefe de la policía judicial en junio del pasado año. No fue hasta nueve meses más tarde, en el momento que se levantaba el secreto de la última parte del sumario, cuando el pasado marzo los medios masivos daban algún hueco a investigaciones “en torno a un cargo policial cuyas iniciales responden a J.A.G.”.

Aún así, hasta la fecha apenas algunas publicaciones digitales como extraconfidencial.com, han buscado por sí mismas quién podría estar tras las siglas. “Siempre supuestamente, éste no sería otro que Juan Antonio González García, y en la actualidad número cinco de la cúpula judicial”, indica esta web. Igualmente, los nombres de otros comisarios apuntados por Roca tampoco han sido investigados. Un año después de ponerse en marcha la Operación Malaya, y pese a haber sido calificada internacionalmente como “modelo” en la lucha contra la corrupción, buena parte de la gigantesca red trazada por J.A. Roca será difícil que responda ante la justicia. Actualmente el juez mantiene en prisión a cuatro personas clave. La lista de empresarios que contribuyeron a los más de 30 millones recabados por J.A. Roca en sobornos no se ha llegado a completar. Otros imputados en el caso, como el jefe de la policía local, Rafael del Pozo o el ex concejal del Grupo Independiente Liberal (GIL), Rafael González, empleado de la Delegación municipal de Hacienda, ya han vuelto a incorporarse en el Consistorio.

Ellos, con todo, han pasado por dependencias judiciales. No ha sido así en todos los casos. Según los datos hallados en la agenda y en las conversaciones intervenidas a Roca, éste recibía informes de trabajadores de la Subdelegación de Gobierno y de la Agencia Tributaria, lo que explicaría cómo durante varios años, a pesar de hallar irregularidades en las cuentas y sorprenderse por el extraordinario enriquecimiento del asesor de urbanismo, Hacienda jamás llegaba a intervenir.

La prensa local también jugó un papel para sostener esta estructura. Cabe recordar que en octubre de 2006 el Diario Málaga cerraba tras la detención de su dueño y la intervención de las cuentas de su empresa propietaria, Construcciones Salamanca. Y que cinco meses antes, hacía lo mismo la Tribuna de Marbella, cuya trayectoria no estuvo exenta de acusaciones por los desvíos de fondos recibidos del ayuntamiento marbellí.