CORRUPCIÓN  Una investigación practicada por tres funcionarios del Ministerio de Finanzas abrió una brecha para que un grupo de tenedores de notas provisorias de la desaparecida Bandagro, encabezados por el italiano James Paolo Pavanelli, tuvieran en sus manos un soporte legal para reclamar ante la República el pago de un paquete de pagarés por un valor de casi 1.500 millones de dólares.

Pavanelli, quien ya enfrentaba un juicio en Turín por estafa por los papeles de Bandagro, contrató al abogado Miguel Jacir y se asoció con otro venezolano, Marcelo Bonetti, a fin de que gestionaran ante las autoridades venezolanas el pago de estos bonos cuyo origen, como vimos en nuestra entrega anterior, era fraudulento.

Los hilos de los poseedores de notas promisorias, o pagarés, supuestamente emitidos por la desaparecida Bandagro, volvían a moverse, pero esta vez ante el gobierno de Hugo Chávez con el lobby de funcionarios, "rojos rojitos", pertenecientes al proceso.

La gestión del abogado Miguel Jacir ante la Asamblea Nacional, donde fuera atendido por Luis Velásquez Alvaray, y ante la propia Presidencia de la República, despejó el camino a una nueva posibilidad de cobro, cuando lograron que el caso llegara al Ministerio de Finanzas, en junio de 2002. Una misiva desde la Presidencia de la República ordenaba investigar si era o no procedente la solicitud por parte de los tenedores de las notas promisorias.

Para entonces, Tobías Nóbrega estaba al frente del despacho de Finanzas y ordenó a su consultor jurídico, el capitán retirado Oscar Guzmán Cova, hacer una investigación para determinar la autenticidad de las notas promisorias y, en consecuencia, si procedía o no el pago de esos papeles.

Se abre la brecha

Para esa delicada tarea, Guzmán Cova designó a los funcionarios Hepsie Hurtado y Carlos Delgado Moreán. Entre las tareas que realizaron se encontró una experticia practicada sobre las notas en poder de los tenedores en custodia en el exterior: unas en Miami y otras en Suiza.

La experticia en Miami le tocó a Hepsie Hurtado quien, el 10 de marzo de 2003, en presencia del cónsul venezolano en esa ciudad y del abogado Miguel Jacir en representación de una de las empresas de James Paolo Pavanelli, Triad FFC, practicó in situ, en las bóvedas del HSBC Republic Bank, la encomendada experticia. En ella la funcionaria concluyó que luego de la evaluación practicada sobre 8 originales de la serie ICC-322, "constata la autenticidad" de esos títulos. Asimismo la funcionaria adjuntó una copia del acta levantada a cada Nnota promisoria, como parte integrante de los respectivos títulos y como comprobación de que se trataba de títulos auténticos.

Algo similar ocurrió en Suiza. Carlos Delgado Moreán, el 25 de marzo de 2003, suscribió un acta sobre la experticia practicada a un paquete de notas promisorias, de la serie ICC-322 y la ICC290 en poder de Pavanelli. La experticia se hizo con el aval del notario Siro Chianchi del cantón Ticino de la Confederación Suiza. Allí certificó la autenticidad de los documentos evaluados por él en representación del Ministerio de Finanzas de Venezuela y también con presencia del cónsul venezolano, de modo de darle legalidad al acto de inspección.

Sobre la base de esas experticias y otros documentos aportados por el abogado Miguel Jacir, el consultor jurídico del Ministerio de Finanzas, Oscar Guzmán, suscribió un informe favorable al pago de las notas promisorias. Con ello se autentificaban todas las notas promisorias que formarían parte de la demanda en Suiza por 1.075 millones de dólares contra la República por parte del grupo de Pavanelli, Otra demanda que se incoaría en Ohio por 100 millones de dólares establecida por la empresa Skye Venture y otra en Washington en un organismo arbitral por 20 millones de dólares, planteado por la empresa I And Beheer B.V.

El informe del consultor jurídico fue avalado por el ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, quien, el 12 de agosto de 2003, remitió a la Procuraduría General de la República el informe final acompañado de los recaudos obtenidos en la investigación, para que el organismo, presidido entonces por Marisol Plaza Irigoyen, emitiese una opinión definitiva de conformidad o no con el contenido de dicho informe, de acuerdo como lo establecen las leyes de la República.

Un acuerdo entre amigos

Cabe destacar que mientras el Ministerio de Finanzas procedía con las investigaciones que finalmente concluyeron avalando la autenticidad de los pagarés, entre James Paolo Pavanelli, el abogado Miguel Jacir y el venezolano Marcello Bonetti, representando a la empresa GAD Investment, registrada en las Antillas Neerlandesas, se suscribió un contrato en el que Pavanelli cedía 25% del paquete de notas promisorias a favor de Bonetti, por un valor nominal de 270 millones de dólares y 8% a Miguel Jacir, equivalente a 86 millones de dólares. En el documento, Pavanelli establece que: "Garantizo la existencia de los derechos cedidos, siempre y cuando la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela emita la respectiva orden de pago al Ministerio de Finanzas antes del 4 de octubre de 2003".

Casualmente, un día antes de esa fecha, Marisol Plaza, procuradora de la República, emitió su primer informe en el que avala el documento emitido por Finanzas y que promueve el pago de las notas promisorias reclamadas por el abogado de Pavanelli. El informe de Plaza concluye aceptando la valoración y el criterio aportado por el Ministerio de Finanzas.

El dictamen permitió al grupo de Pavanelli contar con un aval oficial para que tenedores de bonos asociados procedieran a demandar el pago de los títulos ante las autoridades venezolanas y tribunales internacionales.

Decisión revocada

A pesar de que la decisión de Finanzas y Procuraduría no se notifica públicamente, el informe llega a manos de Miguel Jacir y, en consecuencia, de los grupos poseedores de estos papeles. Esa información, al mismo tiempo, fue filtrada a la prensa por personas allegadas al caso y es por esa vía que uno de los firmantes de las notas promisorias, Waldemar Cordero Vale, quien reside en Estados Unidos, se entera de que la República ha autentificado los pagarés. Recordemos que las notas promisorias, emitidas en 1981, aparecieron firmadas por tres funcionarios de Bandagro: Waldemar Cordero Vale, Albano Fontana Nieves y Pascual Puigbó Morales.

De inmediato, Cordero Vale solicitó una audiencia con el ministro Tobías Nóbrega y le dijo que bajo ninguna circunstancia deben cancelar esos pagarés ya que son falsos. Qué él nunca firmó esas notas.

Esa versión la ratificó bajo juramento Cordero Vale ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones en Washington, en donde cursaba una demanda contra la República por los papeles de Bandagro, el 30 de noviembre de 2005. En ella, el ex funcionario de Bandagro declara: "Mediante la presente declaro nunca haber firmado notas promisorias numeradas ICC-290, objeto de reclamo en el presente procedimiento arbitral". Esa declaración, además, explica el origen de las notas promisorias.

Lo mismo haría ante la notaría pública quinta de Baruta Pascual Puigbó Morales, el 22 de septiembre de 2005. Allí hace referencia a que como asesor de Bandagro nunca fue firma autorizada y en consecuencia: "desconozco como mías las firmas que aparecen al pie de las notas promisorias". Igual declaró Albano Fontana Nieves ante el organismo arbitral en Washington.

Dada esa situación, el ministro Nóbrega ordena una nueva investigación al tiempo que destituye de su cargo al consultor jurídico Oscar Guzmán Cova y en su lugar designa a Luzmila Soto.

En la nueva investigación se aportan nuevos documentos, se incluyen los distintos remitidos en la prensa desde 1991 donde el Gobierno alerta sobre la falsedad de los pagarés de Bandagro, se agregan experticias de la Policía Científica y otros documentos que echan por tierra los aportados en el informe anterior. Con ello se produce un nuevo informe con fecha 17 de noviembre de 2003 mediante el cual se deja sin efecto el informe anterior y es nuevamente enviado a la Procuraduría General de la República.

El 8 de diciembre la procuradora Marisol Plaza emite una segunda opinión sobre el caso donde ratifica el nuevo informe de Finanzas y declara la improcedencia de la reclamación.