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Lavado de dinero: un problema para tomar en serio

Es hora de que las autoridades asuman que este delito tiene consecuencias devastadoras para la economía y la seguridad

 

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó al Congreso la aprobación de una nueva ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en consonancia con las exigencias de las organizaciones internacionales en la materia. Al mismo tiempo, advirtió a la opinión pública sobre las responsabilidades de la oposición para el caso de que nuestro país sea sancionado por el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), organismo dedicado a prevenir prácticas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Vale recordar que semanas atrás la Argentina logró esquivar la imposición de sanciones por parte del citado organismo evitando la calificación de "país no cooperante", mediante la exhibición de la profusa actividad regulatoria desarrollada en los últimos meses por la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Asimismo se ratificó el compromiso para reemplazar la ley en vigor por una norma que incluya un tipo penal autónomo que facilite la persecución y condena de estos delitos y la ampliación de aquellos atinentes al terrorismo y su financiamiento.

Sin embargo, hasta junio próximo se deberá transitar el procedimiento conocido como International Cooperation Review Group (ICRG) que importa el desarrollo de una auditoría de seguimiento intensivo del plan de acción nacional sobre la aplicación de las 49 recomendaciones del GAFI dispuesta para los casos en que las normas locales no alcanzan los estándares internacionales. La evaluación del período2004-2009 fue superada con dificultad por la asunción de un compromiso de trabajo en la formulación e implementación de políticas de largo plazo, que aún no ha tenido lugar. En tal sentido, no pueden soslayarse los vaivenes institucionales que han envuelto el funcionamiento de la UIF y las dificultades legales para distinguir las operaciones sospechosas de provenir de actos de criminalidad organizada en sus diferentes expresiones de aquéllas cuyo origen es la evasión o la elusión fiscal.

En reiteradas oportunidades, desde estas columnas, hemos advertido sobre la necesidad de organizar una UIF con perfil mucho más técnico, dotada de recursos tecnológicos y profesionales calificados, sólo al servicio de la prevención y detección del delito. En razón de la naturaleza de la información colectada, es esencial contar con los resguardos técnicos y legales que impidan su uso indebido, garantizando la protección de la privacidad de los ciudadanos y de la información confidencial sobre las empresas.

El Poder Ejecutivo Nacional debe asumir que el lavado de dinero constituye un complejo problema criminal con consecuencias devastadoras para los sistemas económicos, políticos y en la seguridad de los Estados. Sancionar normas claras e implementar controles eficaces permitirán confluir los objetivos de varias políticas públicas: la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas, de personas, el contrabando, la corrupción, el crimen organizado, y también la intención de incorporar al circuito formal a vastos sectores marginales de la economía.

Mientras el país continúa discutiendo las reformas formales para superar las evaluaciones internacionales y pone los esfuerzos en la lucha por espacios de poder, la criminalidad organizada corroe las instituciones como lo demuestra el envío de casi una tonelada de cocaína a España donde la ausencia de los controles y las complicidades que hicieron posible tamaña maniobra delictiva en territorio argentino exigen respuestas institucionales. Falta que se explique cómo semejante cantidad de droga pudo ser transportada a lo largo de gran parte del territorio nacional y cargada en un avión; el origen de la cocaína, y si fue elaborada en un laboratorio clandestino nacional, o ingresada desde el exterior, maniobra posibilitada por la complicidad de los controles fronterizos fluviales, marítimos, terrestres o aéreos, y la laxitud general para impedir que elementos de semejante volumen puedan ser introducidos en el país.

Mientras el ejercicio de los controles para evitar el lavado de activos se profundiza sobre los sectores formales de la economía, y las investigaciones incoadas se dirigen a perseguir a dirigentes opositores y medios de comunicación, la criminalidad organizada se extiende sin obstáculos. Todo ello demuestra que los delitos precedentes generadores de los recursos financieros que luego serán blanqueados o lavados en nuestro país son investigados según quiénes sean los involucrados.

Es de esperar que cuando la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados se apreste a iniciar el tratamiento de un proyecto de reforma al sistema vigente elaborado por una comisión ad hoc recoja la experiencia desarrollada, observe la dispersión de esfuerzos, logre rediseñar el sistema sancionando una norma que tipifique el lavado de activos como un delito autónomo, establezca las bases de un órgano de control técnico que coordine las agencias estatales de control y supervisión a través de mecanismos que permitan compartir la información en un marco de confidencialidad y responsabilidad.



Autor: La Nacion - Argentina

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