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Russián critica estatus de auditores del TSJ y de Fiscalía
Afirma que no goza de independencia, pues no fueron electos según la ley
La labor e idoneidad de los auditores internos del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Procuraduría General de la República fue cuestionada por la Contraloría General de la República en su informe de actuaciones del año 2010.
En el reporte, Clodosbaldo Russián denunció que ninguno de los organismos antes mencionados convocó un concurso para escoger al encargado de vigilar por el buen uso de los recursos de dichas instancias, tal y como lo ordenan los artículos 27 y 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría, sino que por el contrario se decantaron por designarlos a dedo, aunque de manera provisional.
"Esta situación -concluye el informe- no garantiza la independencia y objetividad técnica en el desarrollo de las actuaciones" de los funcionarios.
De acuerdo con el documento, los auditores internos de la Procuraduría y de la Defensoría fueron nombrados por las máximas autoridades de esos despacho, Gladys Gutiérrez (a la época), y Gabriela Ramírez, respectivamente, en septiembre de 2008 y mayo de 2009, respectivamente.
El máximo juzgado, por su parte, sí convocó en 2009 un concurso para nombrar al responsable de velar porque el organismo rector del Poder Judicial administre correctamente sus fondos. No obstante, dicho proceso fue paralizado por la propia Contraloría, quien hizo una serie de observaciones y le ordenó reiniciarlo tomando en cuenta las mismas, pero eso, hasta ahora, no ha ocurrido.
El caso de la Fiscalía es distinto, pues el auditor si fue seleccionado por medio de un concurso. No obstante, el mismo se realizó en 2001 y el mandato del auditor que era de cinco años expiró 2006, pero dicho funcionario se ha mantenido en sus funciones cinco más de los previstos.
Otras observaciones
La forma como fueron elegidos los auditores internos del Ministerio Público, de la Defensoría, del TSJ y de la Procuraduría no es la única falla que detectó el despacho de Russián en los organismos de control.
En su informe, el contralor general se topó con que ninguno de esos despachos cuenta con "manuales técnicos que presenten de forma sistemática los procedimientos operativos para la realización de sus actividades", situación que "no garantiza la realización eficiente de sus procesos y el adecuado cumplimiento de los aspectos legales y técnicos".
Asimismo halló que todas las oficinas estudiadas incumplimieron sus metas de actuaciones de supervisión y que ninguna realizó ningún ajuste en sus planes, tal y como lo ordena el artículo 12 de la Ley Orgánica de Planificación.
En el caso particular de la Auditoría Interna del TSJ denunció que la misma sigue sin figurar dentro del organigrama del máximo juzgado.
Russián, en su informe, también se quejó de que el máximo juzgado no haya destinado en los presupuestos de 2008 y 2009 ni un solo bolívar para financiar "ningún programa o acción específica vinculada con el control fiscal".
Contra Rangel Avalos
La Contraloría además constató la veracidad de las denuncias sobre irregularidades cometidas al finalizar la gestión del oficialista José Vicente Rangel Avalos en la Alcaldía de Sucre, pues corroboró que el Concejo Municipal, dominado por el chavismo, contrató a más de 600 personas sin precisar sus cargos, funciones ni horarios.
