Poco más de cuatro meses han transcurrido desde que estalló el escándalo de Rosemont Corporation. Un movimiento inusual en una de las subcuentas de la compañía en el Bank of America provocó la congelación de todos los fondos en la cuenta de Rosemont y la detención de su presidente, el venezolano Rama Vyasulu. Cerca de 240 millones de dólares había en la cuenta al momento de ordenar el embargo. Normalmente, el saldo promedio de esa cuenta se ubicaba en 180 millones de dólares.

Las más de 30 casas de bolsa, sociedades de corretaje e intermediarios en general que mantenían relación con Rosemont quedaron atrapados en un juicio que, si bien no se le sigue a ellos, los ha afectado por cuanto han tenido que demostrar con un sinfín de documentos que nada tenían que ver con el caso que condujo a la detención de Vyasulu.

Un ejecutivo de una de las entidades involucradas dijo a Descifrado que la contratación de un buen abogado en Estados Unidos cuesta 30.000 dólares al mes.

En el desarrollo de las investigaciones, los propietarios de casas de bolsa y sociedades de corretaje que aún mantienen sus dineros represados se enteraron de que Vyasulu había registrado en Florida a cada una de las instituciones financieras venezolanas con las que trabajaba en sus operaciones de money transmitter, como propiedad de Rosemont Corporation. Como las subcuentas que mantenían las empresas venezolanas estaban bajo el dominio de Rosemont en una cuenta matriz en el Bank of America, en un primer momento las autoridades no pudieron determinar ­más allá de que se trataba de Rosemont­ cuál subcuenta había encendido la señal de alarma. De ahí que aún los fondos se mantengan congelados.

Pero las averiguaciones avanzan y con ellas se va aclarando la situación legal de las entidades venezolanas, que han tenido que demostrar al fiscal de Massachussets (Boston), que lleva el caso, que nada tienen que ver con la legitimación de capitales, delito por el que se investiga a Vyasulu.

La fuente, que prefirió el anonimato, precisó que de acuerdo con el estatus de los trámites legales, en unos dos meses el fiscal de Massachussets estará liberando los recursos congelados. No obstante, desde que se conoció el caso, a finales de marzo, las transacciones de permuta originadas en Venezuela y que pasan por Estados Unidos han estado bajo la lupa. De hecho, apenas seis bancos corresponsales de las casas de bolsa venezolanas aceptan tales operaciones. Las demás han cerrado sus puertas a los intermediarios locales