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Ex banquero Pedro Castillo condenado al pago de US$79.9 millones República Dominicana

 tomado de http://www.diariodigital.com.do/articulo,35630,html

EN MIAMI

Ex banquero Pedro Castillo condenado al pago de US$79.9 millones

El empresario fue demandado por el Grupo Progreso en República Dominicana.

Por Servicios de Noticias
Diario DigitalRD.Com

MIAMI, Florida, 27 DE NOVIEMBRE 2008.- El ex banquero Pedro Castillo fue condenado este miércoles al pago de la suma de US$79,693,986, por el Tribunal del Circuito Once del Condado de Miami-Dade, de esta ciudad, donde se conoció una demanda en su contra por robo civil y otros cargos presentada por los directivos y accionistas del Banco del Progreso de la República Dominicana, Crediprogreso, S.A., Caribbean Card Systems y BDP International Finance Corporation.

En el juicio que inició el 16 de junio pasado fueron escuchados varios testigos, incluyendo a Ismael González, ex vicepresidente de Finanzas de Grupo Progreso, Daniel Iudcosky, ex Encargado de Seguridad del Banco del Progreso, Samuel Aguirre, de la firma de auditores PriceWaterHouseCopper, quienes realizaron una auditoria forense, y ejecutivos de los bancos norteamericanos de donde salieron los fondos, entre otros. Luego de meses de audiencia y dilaciones por parte del señor Castillo, causadas por apelaciones, dos recusaciones a la juez apoderada y utilización de no menos de cuatro firmas diferentes de abogados, la jueza Barzee Flores produjo en el día de hoy su sentencia.

 

En la sentencia se señala que: “al tiempo que engañaba a la Junta de Directores, al Comité de Auditoría, a los auditores y reguladores en relación a los resultados económicos del Banco, Castillo mientras tanto distraía millones de dólares de las cuentas de los demandantes para sí mismo (o para otros que actuaban en su representación) a través de cientos de transacciones que él personalmente dirigía. Castillo efectuó muchas de estas transferencias usando cuentas “fuera de libros”. Porque estas transacciones no estaban registradas en el curso ordinario, porque ellas nunca aparecieron en los estados financieros auditados (firmados por Castillo) y ni siquiera fueron nunca listadas como préstamos a Castillo, ellas estaban ocultas para los accionistas, auditores, la Junta del Banco, y el Gobierno Dominicano.”

 

La juez Barzee califica de “esquema fraudulento” el utilizado por Castillo para defraudar el Banco del Progreso y señala lo siguiente: “Yo constato que Castillo a sabiendas y sin conocimiento, consentimiento o autorización de los demandantes, se apropió irregularmente de fondos pertenecientes a éstos, para su propio uso y/o para el uso y beneficio de varias de sus compañías. Su intención delictuosa fue probada…”

 

El abogado Stephen Gavin, de la firma Patton Boggs, quien manejó el caso por parte del Banco del Progreso, declaró que “la juez Barzee-Flores concluyó que BDP había probado todas y cada una de las 403 transacciones en las que el Banco había alegado fraude, robo civil o distracción. Ella también constató que Castillo había usado el dinero tomado de BDP para adquirir y mejorar lujosos condominios en Vail, Colorado, y Miami, Florida, comprar yates de lujo y hacer el pago inicial de un helicóptero, entre otras cosas”.

 

Informó que la sentencia dictada es ejecutable de inmediato, por lo que procederán contra los bienes del señor Castillo a nombre de empresas controladas por él situados en los Estados Unidos, incluyendo una villa en Vail, Colorado, apartamentos en Miami, cuentas de inversiones en varias entidades, entre otros activos. También señaló que el señor Castillo fue condenado a pagar US$25,000 por cada día que pase sin satisfacer el monto de la sentencia. Concluyó indicando que con los gastos legales incurridos, el monto total de lo que deberá pagar el señor Castillo asciende a alrededor de cien millones de dólares.

 

En la República Dominicana se conoce en estos momentos ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, una acusación interpuesta contra Pedro Castillo tanto por el Ministerio Público como por el Banco del Progreso, por violación a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley Monetaria y Financiera, en ambos casos por ocultar información a las autoridades regulatorias, además de violación a los artículos del Código Penal que castigan la estafa y el abuso de confianza por haber distraído valores en su provecho personal, y a la Ley de Lavado de Activos. El perjuicio alegadamente causado con sus actuaciones ha sido cuantificado por los querellantes en cerca de US$415 millones (RD$14,000 millones), valores que tuvieron que ser aportados por los accionistas del Banco al final del año 2005.


Autor: Ricardo Ruette

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