DESDE PUERTO LA CRUZ.- Escribía el abogado y periodista José Cañizales Márquez por allá por 1977, algunas reflexiones sobre como “éramos los venezolanos” de aquel entonces, donde aparte de hacer mención a conceptos como la prisa, la impuntualidad, el predominio de la audacia y la circunstancia del desaliento entre otros interesantes tópicos, terminaba afirmando convencido de que “la honestidad era una conducta colectiva”, aunque aclaraba que nunca faltaban deshonrosas excepciones a este respecto.

Tristemente, a más de 40 años de aquellas reflexiones, considero que eso que el autor señalaba como una excepción, hoy se ha convertido en una generalidad. Esa llamada “honestidad” que supuestamente caracterizaba a la mayoría nacional, ha pasado a ser un extraño rasgo, al extremo que quienes así se comportan son tildados de “tontos” por el ciudadano común, sobre todo si habiendo pasado por la administración pública han salido más limpios “que talón de la lavandera”.

Pero más allá de este comentario, el asunto que nos ocupa es que estar “al margen de la ley”, pareciera haberse convertido en lo cotidiano. Y no me refiero solo a los guisos, actos de corrupción, desviación de recursos, malversación, o a la cultura de la matraca, el lisonjeo o la puesta en práctica de aquella pragmática frase de “Póngame donde haiga”. No. Me refiero a que a sabiendas de que algo es ilegal, muchos coterráneos no poseen impedimento moral o ético para llevarlas a cabo. Existe un ejemplo concreto en materia electoral.

En reiteradas ocasiones, el Concejo Nacional Electoral (CNE), ha indicado que todos los recursos invertidos durante la actual pre campaña electoral son considerados por ellos como ilegales. ¿Por qué? Porque no están “controlados por nadie”, y lo que es peor, no tienen por qué justificarlos.

Según el artículo 196 de la Ley del Sufragio, las campañas comienzan 60 días antes de las elecciones, es decir, el 23 de septiembre, por eso ellos estiman que todo lo que se haga o invierta antes de este lapso está completamente “al margen de la ley”. Y como dijera Edgar Mata, máximo representante del CNE en el estado Anzoátegui: “Esas cantidades de dinero pudieran provenir de legitimación de capitales, narcotráfico, dinero proveniente de delitos, del Estado por vía de contratación de obras…” Y ese es el problema.

Esta omisión ha terminando por beneficiar a muchos contendores, sobre todo a los independientes, quienes abruman por las onerosas cantidades de dinero que a diario gastan en “imagen política”. Pero otra historia deberán contar los abanderados de las organizaciones políticas establecidas, pues según la Ley de los Partidos Políticos y por la norma de financiamiento de actividades partidistas, mas temprano que tarde, están obligados a rendir cuentas.

Mientras tanto la pre campaña avanza… El derroche injustificado continúa. Muchos acusan (los más puros y castos), que esos millardos provienen del exterior, salen de alcaldías o de contratistas del gobierno, por decir lo menos…

Es así como quienes estamos al tanto de las muchas obras públicas que se pudieron haber realizado con este dinero, esperamos ansiosos que al menos a los partidos políticos inscritos en el Poder Electoral, el CNE les exhija el origen y cantidad de los recursos invertidos en esta feria de presencia mediática. El rector Vicente Díaz, Presidente de la Comisión y Financiamiento del CNE, tiene la última palabra.

Así de simple. O sea.