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Costa Rica quedaría fuera de bloque antiterrorista
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/mayo/04/pais1514754.html
Carece de legislación requerida para sancionar terrorismo y lavado de dinero
Costa Rica quedaría fuera de bloque antiterrorista
Hace más de seis años organismo mundial advirtió necesidad de leyes
País perdería acceso a redes de información mundial sobre criminales
En pocos días Costa Rica sería suspendida del grupo de países que luchan contra el terrorismo y el lavado de dinero, porque aquí no son delito esas actividades.
Desde hace más de seis años, el Grupo Egmont –compuesto por 106 países que firmaron en 1995 un acuerdo para combatir el terrorismo y lavado– advirtió que urgía legislar para garantizarle a la comunidad internacional que el país combate los dos flagelos.
El Grupo Egmont, que se debe su nombre al palacio en Bélgica donde se firmó el pacto, reúne las Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo para luchar contra el blanqueo de capitales.
Este Grupo lo que procura es intercambiar información.
Unos contra otros. La falta de ley para sancionar ambos delitos provocó aquí acusaciones mutuas entre los responsables.
Diputados de oposición dicen que el Gobierno dejó vencer el plazo de cuatro años de un proyecto de ley que envió el expresidente Abel Pacheco, en diciembre el 2003. La iniciativa se archivó el pasado diciembre.
Marvin Rojas, diputado presidente de la Comisión de Narcotráfico, que dictaminó el plan de Fortalecimiento a la Legislación contra el Terrorismo, culpó al Gobierno de no incluir el proyecto en sesiones extraordinarias y por eso lo archivaron.
La ministra de Justicia, Laura Chinchilla, no señaló culpables, pero dijo que “la obligación de los diputados es la de legislar”.
Tercera prórroga. Para afrontar el problema, “lo único que queda es, con la vergüenza del caso, pedir una tercera prórroga”, dijo Mauricio Boraschi, director del Instituto Costarricense contra las Drogas.
Y, es que esta es la tercera vez Costa Rica incumple con el Grupo Egmont.
Esa organización pidió, por primera vez, en el 2004, a los países que carecían de ley antiterrorista y de combate a la legitimación de capitales, promulgar las normativas.
Para ello, dio un plazo de dos años, que terminó en el 2006, pero Costa Rica no cumplió.
Ante eso, el Instituto de Control de Drogas pidió una segunda prórroga y se le dio plazo dos años más, que finalizan este mes de mayo.
La petición del Grupo Egmont pretende que los países cumplan con la resolución 1373 de las Naciones Unidas (ONU), que surgió tras los atentados del 11 de setiembre del 2001, en Estados Unidos.
La resolución obliga a los miembros de la ONU a tipificar como delito la ayuda a terroristas y deniega refugio y apoyo financiero a miembros de esas organizaciones criminales, así como a compartir información sobre grupos terroristas.
Consecuencias. “La falta de ley es grave –explicó Boraschi–, ya que no vamos a tener acceso a las redes de información mundial, que suministran los datos de personas físicas y jurídicas que se investigan”.
Además, deteriora el prestigio del país, que siendo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, incumple con la resolución 1373.
En los próximos días, el Grupo Egmont se reunirá en Seúl, Corea del Sur, y ahí decidirán qué pasará con Costa Rica, mientras legisla.
Ante la cerencia de una ley antiterrorista no se pueden levantar cargos en contra de quienes guardaban dinero de las FARC.
Recomendaciones del GAFI
El Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) tiene como fin combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El Grupo propuso a los países una serie de acciones:
Tipificación de financiamiento al terrorismo y lavado de dinero: Deben tipificar y asegurar que estos delitos se designen como precedentes del lavado de dinero.
Reporte de transacciones sospechosas: Si instituciones financieras o negocios sospechan que los fondos están ligados o van a ser utilizados para terrorismo, deben reportarlo a las autoridades.
Cooperación Internacional: Deben intercambiar ayuda legal, información, ayuda respecto a la ejecución penal, civil e investigaciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo.
Sistemas alternativos de envíos de fondos: Deben tomar medidas para que las personas físicas o jurídicas se registren y estén sujetas a las recomendaciones del GAFI en bancos y entidades financieras.
Transferencias electrónicas: Los entes financieros deben tener información precisa sobre transferencias y controlarlas.
Correos de efectivo: Detectar el transporte físico transfronterizo de dinero.
